noviembre 6, 2025

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Con focos rojos, 550 funcionarios de las aduanas

Ciudad de México.- Funcionarios aduanales revelaron ante senadores el modus operandi de redes de contrabandistas de mercancías en distintas aduanas del país, con la complicidad de agentes aduanales y servidores públicos.

Al reunirse con legisladores para solicitar su respaldo en la aprobación de la reforma a la Ley Aduanera, a fin de combatir con mayor eficacia este delito, el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, reconoció la corrupción en el sector, pero aseguró que ya se frenó el huachicol fiscal.

Ante integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado, afirmó que el gobierno ha procedido contra funcionarios y agentes aduanales corruptos, tras destacar que se busca elevar las sanciones.

En breves declaraciones a la prensa, Marín Mollinedo afirmó que “ya ahorita está detenido definitivamente el huachicol fiscal, era por las aduanas del norte y de los puertos. Lo hemos atajado y estamos pendientes”

A su vez, Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanal de la ANAM, reveló que menos de 30 agentes aduanales concentraban el contrabando de hidrocarburos en el país, lo que refleja la magnitud del problema que enfrentan las autoridades en la materia.

Asimismo, el funcionario destacó que en esta administración se han cancelado más de 45 patentes de agentes aduanales por irregularidades en operaciones.

“No se trata de satanizar a un gremio, pero si ustedes se dan cuenta la cantidad, todo el contrabando de hidrocarburos, ahorita en lo que va de la presente administración se han cancelado más de 45 agentes aduanales y aparte de esos 45 quedan aproximadamente menos de 805, y de esos 805 menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país”, subrayó Márquez.

Asimismo, señaló que más de 80% de los contenedores revisados pagaban menos de 50 mil pesos de impuestos, montos irrisorios frente al valor real de las mercancías.

Además, 550 de los 800 agentes analizados trabajan con operaciones clasificadas como de riesgo “rojo o vulnerable”, y muchos prefieren pagar multas mínimas para continuar con sus prácticas irregulares. “Para ellos es más costeable pagar la multa que dejar de contrabandear. Se amparan con el excluyente de que no son obligados solidarios y así recuperan su patente”, denunció.

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