Trabajadores de la UADY denuncian abuso laboral, engaños y falta de voluntad para pagar salario mínimo
Mérida, Yucatán, a 27 de enero de 2026.
Mientras presume excelencia académica y prestigio institucional, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) mantiene a sus propios trabajadores en condiciones salariales que rayan en el abuso laboral. A pesar de que la ley establece un salario mínimo vigente de 315 pesos diarios, empleados sindicalizados continúan recibiendo pagos correspondientes a 2025, en abierta violación a sus derechos laborales.
Lejos de la percepción pública de que en la UADY “se gana bien”, la realidad es otra: su personal sobrevive con salarios insuficientes, mientras la Rectoría guarda silencio o se escuda en argumentos que los propios trabajadores califican como falsos y contradictorios.
El rector Carlos Alberto Estrada Pinto ha declarado que no se ha podido aplicar el ajuste salarial porque el Gobierno Federal “no ha entregado el presupuesto”. Sin embargo, los recursos fueron liberados desde finales del año pasado, lo que deja al descubierto una estrategia de simulación y evasión de responsabilidades.
La contradicción es aún más grave cuando la Rectoría insiste en hablar de autonomía universitaria, pero al mismo tiempo reconoce dependencia total del presupuesto federal. ¿Es autónoma la UADY solo cuando conviene al discurso institucional? Para los trabajadores, la respuesta es clara: la autonomía se usa como bandera política, no como compromiso con su gente.
“No exigimos aumentos, exigimos que se respete la ley”, afirman los trabajadores, quienes advierten que el hartazgo ha llegado a su límite. De no obtener una respuesta inmediata, se procederá a brazos caídos y a una huelga, responsabilidad que recaerá directamente en la administración universitaria.
Bajo el lema “Por ti, por mí, todos somos AUTAMUADY”, los empleados convocan a una manifestación pacífica este miércoles 28 de enero a las 4:00 de la tarde, en las instalaciones administrativas de la UADY, ubicadas en avenida Rafael Matos Escobedo No. 731, Fraccionamiento del Parque (ex Facultad de Derecho).
La exigencia es mínima y legal: pagar el salario mínimo vigente.
La omisión, en cambio, es grave.
El silencio institucional, imperdonable.
