Empresa tras el megadecomiso dice ser legal
Ciudad de México.- Gas Natural del Noroeste, la empresa que opera la terminal de San José Iturbide en Guanajuato donde las autoridades reportaron el supuesto aseguramiento de 59 millones de litros de combustible el 17 de septiembre, acumula contratos públicos por al menos 284 millones 215 mil 477 pesos entre 2012 y 2025, de acuerdo con una revisión de El Universal.
De ese monto, 8.7 millones corresponden a contratos otorgados durante los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.
En la terminal de San José Iturbide, las autoridades aseguraron 10 tanques que contenían 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de premium y 18.2 millones de diésel.
Gas Natural del Noroeste, que pertenece a Grupo Simsa, sostuvo mediante un comunicado que la terminal opera legalmente y que presta servicios de almacenamiento a terceros, también afirmó haber entregado a las autoridades documentación relacionada con las operaciones de su terminal de almacenamiento.
Los registros consultados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el sitio Compras MX exhiben contratos que tienen como objeto el abastecimiento de gas natural a hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la construcción de un gasoducto en Sonora para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros acuerdos con los gobiernos locales de Sonora y Nuevo León.
Entre 2018 a 2025, el monto de contratos otorgados por dependencias a Gas Natural del Noroeste fue de 8 millones 734 mil 640 pesos. El ISSSTE celebró 14 contratos con la empresa, los cuales suman 6 millones 428 mil 419 pesos por suministro de gas para unidades como la Clínica-Hospital de Gómez Palacio y el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia.
La FGR atrajo la investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y lleva a cabo revisiones para establecer la procedencia del combustible.
Las dudas sobre el aseguramiento llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a señalar el 21 de septiembre que la Fiscalía General de la República deberá ser quien explique el motivo de la intervención y determinar si existió una actividad ilegal.
