Liberan a condenada por el caso Wallace
Ciudad de México.- Por violaciones al debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por su implicación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, fallecida en el mes de marzo pasado.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala concedió a la mujer un amparo liso y llano, puesto que las pruebas clave del caso fueron obtenidas mediante tortura. Tras la sentencia dictada por la Corte, González Lomelí salió la noche de este miércoles del penal femenil de Morelos, luego de permanecer más de 19 años presa por su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
A través del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que asumió su defensa, González Lomelí interpuso un amparo directo contra la sentencia de 78 años y 9 meses de prisión que le dictó el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en octubre de 2011.
Así, en mayo de 2022 la Primera Sala resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo, mismo que concedió a González Lomelí, acusada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de enganchar al empresario Hugo Alberto Wallace Miranda para secuestrarlo en complicidad con César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín.
De acuerdo con la acusación, el 12 de julio de 2005, Juan Hilda González llevó con engaños a su departamento en la Ciudad de México a Hugo Alberto Wallace, haciéndole creer que estaba interesada en una relación romántica con él.
Sin embargo, ya en el lugar fue sometido por César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, quienes los secuestraron y lo asesinaron.
Por estos hechos, Juana Hilda fue detenida en enero de 2006 y posteriormente sentenciada, con base en la investigación realizada por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
